Fac_DerechoUNTEl Observatorio de Derecho del Consumidor, Centro de Estudios en Formación Ciudadana (CEFOC) y la Facultad de Derecho, se ponen del lado de los Consumidores

Esta semana, los especialistas del Observatorio de Derecho del Consumidor instalaron una carpa 15en la peatonal Muñecas, de esta capital, y atendieron consultas del público. La iniciativa fue impulsada por la decana de la Facultad de Derecho de UNT, Adela Seguí, por los expertos de la cátedra de Derecho del Consumidor, Fernando Valdéz y Belén Japaze, y por el secretario de Gestión Institucional de la Facultad, Juan Coria.

El problema de la inflación no es privativo de la economía, ya que no sólo daña el poder adquisitivo de los consumidores, sino también sus derechos jurídicos. Este pensamiento formuló, el abogado, Gabriel Stiglitz, uno de los máximos referentes del Derecho del Consumidor en el país, quien consideró que la suba de precios obstaculiza el accionar de los especialistas para proteger a los consumidores. Además, afirmó que la Constitución exige al Estado velar por los intereses económicos de la población.

El experto fue invitado por la Facultad de Derecho de la UNT, que creó el Observatorio de Derecho del Consumidor “Gabriel Stiglitz”. El objetivo de este espacio es educar al público para que conozca sus derechos como consumidor, y divulgar procedimientos legales para presentar reclamos. En diálogo con LA GACETA, Stiglitz destacó la creación del organismo. “En 30 años, es la primera vez en el país que una universidad nacional traslada respuestas al público”, expresó. También se refirió a los efectos de la inflación y al sobreendeudamiento a largo plazo. Afirmó que son las preocupaciones más actuales del Derecho del Consumidor.

¿Con qué herramientas jurídicas cuenta la población para defenderse de la inflación?

– En una primera mirada, se piensa que la problemática de la suba de precios no tiene relación con el Derecho, sino con la política económica del país. Sin embargo, la Constitución reconoce que los consumidores tienen derecho a la protección de sus intereses económicos. Además, la norma exige al Estado decisiones para cuidar esos derechos. Por lo tanto, la inflación, y sus consecuencias, no son privativas de la política y de la economía. Además, los consumidores disponen de procedimientos jurídicos gratuitos para presentar reclamos.

¿La inflación es un obstáculo para el Derecho del Consumidor?

– Es uno de los problemas más graves para consumidores y para especialistas. El Derecho puede actuar ante contratos abusivos, ante publicidades engañosas y ante servicios de mala calidad. Pero, si cada año, por efecto de la inflación, el poder adquisitivo de la mayoría de la población se reduce el 40%, el resto de los derechos se convierten en ilusorios. Es muy difícil reclamar por un servicio de mala calidad, si gran parte de la ciudadanía no tiene acceso. Esta franja de los habitantes se limita sólo a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Ni siquiera de vivienda, de vestido o de educación. Por lo tanto, la inflación impide acceder a bienes y a servicios, y es un obstáculo para proteger a los consumidores.

¿Qué opina sobre el programa de “Precios Cuidados”?

– En alguna medida ayuda, sobre todo a las familias de bajos recursos, porque lo único que pueden hacer con sus escasos ingresos es comprar alimentos para subsistir. Pero no es una herramienta para luchar contra la inflación. La suba de los precios tampoco es generada por los supermercados. En algunos casos hay abusos de estas empresas, pero la inflación se origina por variables económicas como el aumento del gasto público y la emisión monetaria.

-¿Por qué, en tiempos de inflación, el público se endeuda a largo plazo?

– El sobreendeudamiento, con tarjeta de crédito o con préstamos para el consumo, es un problema serio, ligado a la inflación. Hay un fuerte estímulo, por parte de empresas y del Estado, para provocar consumos que no integran la canasta básica. Esto pone en peligro la alimentación de las familias de clase media o baja que, además, comenzaron a utilizar la tarjeta de crédito para comprar comida, porque sus ingresos son insuficientes.

Acción Ciudadana por los Derechos de los Consumidores

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